Contraloría General de Boyacá

Transparencia y Acceso a la información pública

2. Información de Interés

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  • 2.4. Preguntas y Respuestas Frecuentes
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2.4 Preguntas y Respuestas Frecuentes

Así respondemos a las preguntas más frecuentes

La fuente de ingresos de la CGB es por concepto de trasferencia de la Gobernación de Boyacá y cuotas de fiscalización.
La importancia radica en que, con el debido diligenciamiento de la actualización de datos por parte del usuario, hay un canal de comunicación directo con el sujeto procesal, de ésta manera la Dirección Operativa de Jurisdicción Coactiva cuenta con la información necesaria actualizada para brindarle a las partes las garantías procesales establecidas en el artículo 29 de la Constitución Política.
Para mayor eficacia, eficiencia y efectividad de control y certeza de los pagos efectuados por parte del ejecutado, y de esta manera llevar un registro claro de los pagos relacionados con el Proceso Coactivo y realizar con mayor agilidad los autos de terminación a que haya lugar.
El proceso de Jurisdicción Coactiva es un proceso totalmente independiente al Proceso de Responsabilidad Fiscal y del Proceso Administrativo Sancionatorio, en virtud de lo anterior su representación legal debe ser totalmente independiente y para desarrollar su actividad procesal, dentro de la cual se hace la expedición de copias, se debe contar con el poder debidamente otorgado por el ejecutado, así como con el Auto que reconoce personería jurídica por parte de la Dirección Operativa de Jurisdicción Coactiva, sin ello no hay lugar a actuación alguna por parte del apoderado de la parte ejecutada.
Por política interna de la Contraloría General de Boyacá el plazo máximo que se otorga para el pago mediante un Acuerdo de pago es de dos (02) años contados a partir de suscripción del mismo.
Claro que sí. Las Contralorías están llamadas a ejercer un control frente a la ejecución del gasto público, y en esa medida, en cuanto cumplan esta función, juegan un papel importante en la lucha contra la corrupción. Es precisamente el proceso de responsabilidad fiscal que ha instituido el legislador como ese conjunto de actuaciones administrativas que tienen como fin último determinar la causación de un daño patrimonial, de aquellos sujetos llamados a responder, y de esta forma lograr el resarcimiento del daño causado.
Es una plataforma WEB cuya funcionalidad principal es ofrecer a las entidades de control fiscal y a los Sujetos Vigilados, una herramienta ed captura de información contractual y presupuestal para la toma de decisiones oportuna y con carácter preventivo.
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